Ilustración y composición realizada por Aguante con archivo fotográfico extraído de: RCN Radio
AGUANTE
10.06.2021
Aguante conversó con Alejandro Rodríguez, encargado del área del observatorio de violencia policial de Temblores ONG, sobre el papel de la organización para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía a través, del diálogo con las instituciones estatales en el marco de la protesta social en Colombia. Alejandro participó en la lucha por la justicia durante 16 años en uno de los casos expuestos por Aguante, como lo fue la controversial muerte de Nicolás David Neira:
P/ A parte del caso de Nicolás Neira, ¿Qué otros casos de estudiantes en Bogotá han manejado y cuál ha sido la respuesta de sus familiares?
R/ Está también el caso de Óscar Salas, que es un chico asesinado en las protestas del TLC, también en los años de Uribe. Óscar Salas se encontraba en la Nacional y recibe un impacto de una recalzada, una recalzada son estas armas artesanales que se usaban con casquillos ya acabados, digamos que hace rato ya no tenemos registros de que los hayan utilizado, pero al principio sí se utilizaban, una hipótesis que manejamos es que posiblemente antes, en los años de Uribe y de Pastrana cuando estaba empezando el Esmad, este no tenía tanta financiación y por esto puede ser que utilizaran este tipo de armas y pues son realmente letales, mientras que Santos la financiación del Esmad aumenta un montón y pues esto permite que estos tengan más armas.
Nosotros hablamos con la madre de Óscar, Ana Benilda, al chico le quitan la camiseta y se la ponen en la cabeza para disminuir el sangrado y lo que dicen es que eso que tiene en la cabeza es una capucha, cuando eso era una forma de salvaguardarlo, para evitar que se muriera. Empieza a argumentar eso y después hay una serie de amenazas a la familia de Óscar Salas, a Ana Belinda, a su hermano, ellos no son de Bogotá, ellos son del Tolima y esa serie de amenazas los obliga a salir de la ciudad.
Eso de salir de la ciudad pues implica dejar atrás una vida, dejar atrás un trabajo, dejar una vida construida en la ciudad y eso afecta económicamente a las familias terriblemente. El caso de Óscar Salas sí está totalmente paralizado, digamos que ahí no ha habido una condena a la nación, el Esmad y la misma policía no reconoce ningún homicidio por parte del Esmad, nosotros en este ánimo de dialogar con las instituciones les preguntamos y ellos no reconocen ninguno, entonces pues nada, esta gente tiene que salir. Algo que ocurre es que en muchas ocasiones las víctimas de violencia policial son víctimas de estratos bajos.
El caso de Ana Belinda es importante, porque ellos pasan el caso a la Corte Constitucional Interamericana de Derechos Humanos para que haya algún tipo de fallo de la Corte IDH y ella debe viajar a Estados Unidos como parte del proceso y no le dan la visa, porque no es una persona con facilidades económicas, con extractos bancarios con alguna historia crediticia y entonces te empieza a determinar también como el acceso a la justicia está muchas veces lastimosamente ligado a las capacidades adquisitivas de las personas, entonces pues nada este es el caso de ellos, es un caso totalmente quieto, pero ellos igual siguen viviendo fuera de Bogotá, pero igual nosotros también tuvimos el tratamiento con ella.
P/ ¿Sabe si los casos anteriormente nombrados han quedado en la impunidad? Porque finalmente el tema de esta investigación es informar si se cumplió la ley de garantías o de cierta manera se ha hecho justicia.
R/ Con los abogados como tal hemos podido hablar. Según las entrevistas que hemos tenido no ha habido ningún fallo penal a las personas que cometieron estos actos, por ejemplo el de Nicolas Neira, su caso es muy fuerte porque a él lo asesinan y hay como una forma, el comandante del Esmad en ese momento era Julio Cesar Torrijos, que está involucrado en el de Nicolás Neira y Óscar Salas, este tipo estaba comandado el Escuadrón Móvil Antidisturbios cuando fue lo de Nicolás Neira, y en ese caso pues hubo todo un encubrimiento, entonces se reunían a los policías del Esmad y se les dijo qué decir para dictar la declaratoria, hubo todo una manipulación de testigos muy fuertes donde todos los policías están involucrados.
Hay una cantidad de policía involucrados en el caso de Nicolás Neira y luego también ocurre con el de Óscar Salas bajo el mando de Torrijos. A este tipo lo trasladan, no me acuerdo bien, lo trasladan al Tolima si no estoy mal, y en el traslado lo agarran con un cargamento de cocaína, ahí lo detienen y va a la cárcel. Entonces eso es muy fuerte porque el tipo al parecer es un “cafre”, es muy fuerte que solo una persona vaya a la cárcel, o sea que es más grave la cocaína, sí es muy grave, pero creo que matar a dos estudiantes y que se dé toda una manipulación de testigos y un tipo de protocolos para encubrir estos crímenes, para mí es más grave.
Me acuerdo de que el año pasado iba a ver una audiencia que iba a definir qué ocurría y la audiencia fue aplazada y lo que suele ocurrir es que se va corriendo, se va corriendo hasta llegar al vencimiento de términos, entonces en lo que nosotros tenemos y en parte de los derechos de petición, no ha habido ningún fallo penal directamente a los victimarios, ha habido condena a la Nación, se indemniza a las familias y en parte sí es ayuda, es una gran ayuda, pero las familias piden es justicia y verdad. Estos dos casos que les estoy diciendo son los que más cosas han hecho, el de Nicolás Neira, Óscar Salas. En Jhonny Silva me parece que también hubo una condena a la Nación, pero además, lo que les digo si no lo reconocen no han habido grandes avances en la búsqueda de justicia.
P/ ¿Qué acciones de justicia han logrado a través de sus documentaciones y denuncias sobre los casos de abuso de poder por parte de la fuerza pública?
R/
P/ ¿Qué piensan ustedes como organización de que estos casos de los responsables pasen de la justicia ordinaria a justicia penal militar?
R/ Como te venía diciendo, eso lo que hace es perpetuar la impunidad en este tipo de asesinatos cometidos por la policía, hay algo que es muy grave y es que la Justicia Penal Militar está vinculada al Ministerio de Defensa, asimismo, la policía está vinculada con el Ministerio de Defensa y esto también afecta la dirección de poderes, porque quien juzga a las personas es otra rama judicial, pero en este caso al haber una Jurisdicción Especial, como lo es la militar, está es vinculada al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa, está compuesto y hace parte de la rama ejecutiva. Esto es un fuego para la impunidad en la gran mayoría de los casos y segundo, afecta la división de poderes, la institucionalidad y el estado social de derecho que tenemos en Colombia.
Tenemos registros de diferentes casos en que si un policía está cometiendo un abuso y la persona se lo manifiesta inmediatamente, se dice que está desacatando a la autoridad y por ende, puede ser judicializado en la URI. Entonces parte de lo que ocurre en la normativa vs la realidad, es que en muchos casos la normativa permite cosas que hacen en la vida real y están amparados por la normativa, por eso lo hacen. Ellos saben que si asesinan una persona, lo más probable es que sean juzgado por la Justicia Penal Militar, no van a tener mayor sanción más que un traslado o una suspensión de seis meses o un año. El hecho es que no hay justicia ni castigo en estos casos, lo permite que siga pasando, en muchos casos la normativa permite hacer muchas cosas y le da un poder monumental a la Fuerza Pública.