Ilustración y composición realizada por Aguante con archivo fotográfico extraído de: Plaza Capital; MILENIO

AGUANTE

31.05.2021

Ancla 1

Un claro ejemplo de ello, fue el día 21 de noviembre de 2019, que trascendió a la historia de las movilizaciones sociales en Colombia, dado que al paro donde convergieron los sindicalistas, pensionados y estudiantes, asistió una gran multitud que alzó una voz unísona a favor de los líderes sociales asesinados, la búsqueda de un avance en la construcción de paz y un proceso de actualización a favor de reducir o eliminar las desigualdades sociales en el país. Sin embargo, dos días después del inicio de los encuentros durante una jornada de protestas por la búsqueda de una Colombia equitativa, justa y no violenta, el 23 de noviembre de 2019 un arma ‘convencional’ (cartucho de plástico de carga múltiple con base de metal), lanzado por medio de una escopeta calibre 12 de uso autorizado por el Estado, impactó en la cabeza del estudiante Dilan Mauricio Cruz.

Según el informe presentado por la Fiscalía General de la Nación, el joven sufrió un trauma craneoencefálico con lesiones secundarias que lo mantuvieron en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Ignacio hasta el 26 de noviembre, día en el cual falleció y pasó a convertirse en un titular mediático en contra de la Fuerza Pública por sus acciones violentas hacia la ciudadanía, historia que fue contada a través de Silencio Oficial (2019) en el artículo ‘Un aturdido grito de justicia por los 20 años del Esmad’ donde se relató lo siguiente:

En Colombia, según la revista Pacifista.tv, las primeras movilizaciones que marcaron la historia reciente del país fueron las indígenas durante los años setenta, momento en el que el Consejo Regional Indígena del Cauca se opuso a los terratenientes y las reformas agrarias que cada vez beneficiaban en una cantidad desequilibrada a las clases sociales más pudientes. El problema persiste hasta nuestros días y según cifras del Banco Mundial del año 2017:la desigualdad en Colombia a nivel educativo económico y social lo convierte en el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo del mundo sobre un total de 194 países, asimismo, a través del tiempo la situación empeoró y las movilizaciones sociales a lo largo de la historia se presentaban con mayor frecuencia.

Al contexto histórico del país se le sumó el conflicto armado interno y la violencia, como argumenta la periodista Naomi Klein en su libro: La Doctrina del Sock. El Auge del Capitalismo del desastre (2007), donde afirma que los conflictos armados en un país aumentan la inequidad económica y la falta de oportunidades políticas, además manifiesta que la violencia social en Colombia es el principal resultado de una insuficiencia institucionalizada de las normas democráticas. Que a lo largo de la historia, se puede observar cómo se reprime los movimientos agrarios, obreros y populares para tildarlos de comunistas y llevar el uso de la violencia a convertirse en un instrumento de represión en contra de toda fuerza, que se institucionalizó como se evidenció en las protestas sociales de la actualidad en Colombia.

“En la ciudad se registraron varias movilizaciones y varios intentos del Esmad de disuadirlas. A las 4:00 de la tarde de ese día, nuestra organización recibió un video que mostraba a tres rescatistas de primeros auxilios dando choques de reanimación cardiopulmonar a un joven en la carrera 4 con calle 19 en el centro de Bogotá. Más tarde conocimos que el joven había recibido un disparo en su cabeza por parte de un agente del Esmad mientras se encontraba protestando por su derecho al acceso a la educación superior de calidad”.

En un trabajo en conjunto la liga contra el silencio, Cerosetenta y newsy utilizaron los videos inéditos y evidenciaron Fuentes abiertas para reconstruir de manera precisa los hechos que llevaron a la muerte de Dilan Cruz.

Archivo extraído de YouTube: Newsy

Ancla 2

Un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas o dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas, y deben utilizarse las medidas más seguras y menos lesivas para los manifestantes. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos. (Lanza, 2019)

Para la opinión pública el hecho de que el actual Presidente de la República, Iván Duque Márquez, realizara una visita a los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios durante la coyuntura social que se presentó en el Paro Nacional #21N para agradecer las labores desarrolladas en el marco de la protesta se tornó como una ofensa a las víctimas del exceso de fuerza por parte de esta dependencia de la Policía Nacional, según cifras de RCN radio, esta movilización dejó tres muertos, 120 lesionados y 98 civiles detenidos únicamente en Bogotá, la capital del país. Al respecto, se pronunció el exministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que: "En la gran mayoría del país la jornada terminó sin alteraciones del orden público".

Tras la muerte de Dilan, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se manifestó a través del Secretario General, António Guterres, quien reclamó una investigación rápida, parcial y exhaustiva de las numerosas muertes que se le atribuyen al Esmad, pues según el Secretario es indispensable asegurar que las fuerzas de seguridad cumplan con las normas y estándares internacionales sobre su accionar y los elementos a usar, precisamente para que no exista un abuso de poder contra la población manifestante. Dicho informe concluyó que:

Sin embargo, una investigación en curso no daba solución a la coyuntura social que se presentaba en el país tras la muerte del estudiante Dilan Cruz, en consecuencia el Comité del Paro presentó entre los puntos de la conversación nacional una carta al presidente de la República donde se solicitó el desmonte gradual del Escuadrón Móvil Antidisturbios y la suspensión o desvinculación inmediata de policías investigados por el uso excesivo de la fuerza. A su vez, el presidente Iván Duque durante el dialogó afirmó que: "El 65% de las exigencias fueron atendidas, el 6% son competencias del ejecutivo, el 19% son inviables y solo el 10% se podrían atender". Entre las propuestas inviables se encontraba el desmonte de esta unidad y tras no aceptar por completo las iniciativas puestas sobre la mesa, la conversación se prolongó durante cuatro meses.

Ancla 3

Para Alejandra Garzón, abogada en derechos humanos y encargada del caso del estudiante Nicolás David Neira, el debate ya no se centra únicamente en el abuso de poder por parte de las autoridades, sino en el desequilibrio de la ley de garantías en los procesos judiciales. En septiembre del 2020 el caso de Dilan Cruz pasó a la Justicia Penal Militar, a lo que Fernando Rodríguez Kekhan, abogado de la familia de Dilan Cruz, respondió en una entrevista para Semana Noticias que: "Se está haciendo un descocimiento claro y concreto de lo que para nosotros es la violación al principio del juez natural y lamentablemente hay que decirlo: No puedo ni nos queda fácil soltarnos de esos antecedentes recientes que nos han demostrado que cuando la Justicia Penal Militar interviene en hechos donde se relacionan víctimas civiles y agentes del Estado se termina favoreciendo a los agentes del Estado".

Alejandra Garzón abogada del caso de Nicolás Neira habla del desequilibrio de ley de garantías para los casos fatales a causa de las acciones del Esmad.

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En consecuencia, el contexto social histórico sobre el cual se ha construido el país, obedece a la necesidad de controlar la alteración del orden público que se presenta en protestas y situaciones de diversa índole, pero la realidad es que en la última década, la misión de este Escuadrón Móvil Antidisturbios se ha distorsionado al sobrepasar los límites de la libertad de expresión humana, especialmente de aquellos cuyos antecedentes se sintetizan en la convicción de luchar por la dignidad de sus derechos, según Temblores ONG.

El derecho a la protesta se encuentra plasmado en la Constitución Política de Colombia de 1991, en sus artículos 37 y 56 los cuales mencionan que: “Artículo 37: Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Por su parte, el artículo 56 manifiesta que:

Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho. Una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento. (Constitución Política de Colombia, 1991)

Esto quiere decir que en Colombia estos derechos están constitucionalmente protegidos, ya que a pesar de que existe la coerción por parte del Estado, y esta es legítima, no se puede prohibir el derecho a manifestarse y el mismo se ve minimizado en un intento de la fuerza pública por controlar, restringir y prevenir conductas de la sociedad jurídicamente válidas y como consecuencia de esto, el revelar la injusticia que se comete con la población civil es un asunto que merece ser expuesto al público tanto nacional como internacional, lo que se logró evidenciar durante el paro nacional del 28 de abril del 2021, que luego de un mes de movilizaciones llamó la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al manifestar su preocupación por la grave crisis que enfrenta Colombia en cuanto a las violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas sociales.

Esta situación tomó tanta repercusión a nivel mediático que el 21 de mayo del 2021 la Amnistía Internacional (AI) urgió a Estados Unidos a suspender el suministro de armas a Colombia, tras el evidente uso de las mismas contra los manifestantes, esto lo informó el medio independiente UltimahoraCol, donde argumenta que al secretario de Estado de EE.UU, Antony Bliken, se le instó a que cese de inmediato el suministro, venta o transferencia directa o indirecta de material usado para la represión, entre estos, no solamente las armas de fuego, sino también el armamento considerado “menos letal”, como gas lacrimógeno y proyectiles. Al respecto, el director de incidencia política de la Amnistía Internacional de Estados Unidos, Philippe Nassif expresó que: “El secretario Bliken tiene el poder de detener el miedo y terror que están soportando los manifestantes colombianos y debe hacerlo inmediatamente.”

Dilan Mauricio Cruz se convirtió en uno de los casos de estudiantes víctimas de abuso de poder de la fuerza pública más mediáticos del país, es preciso decir que su memoria perdurará en la historia de Colombia, de sus familiares y de los manifestantes que lo recuerdan como un colombiano más que luchaba por las desigualdades económicas de su país marchando en busca de un mejor futuro para los jóvenes de escasas oportunidades laborales y educativas.