Ilustración y composición realizada por Aguante con archivo fotográfico extraído de: Santiago Botero (@dkobotero)
AGUANTE
06.06.2021
Desde las protestas sociales vividas hace más de dos años, no se veía marchas tan concurridas en Colombia, ni tanta dureza en la respuesta de las fuerzas públicas de seguridad. La manifestación social que vive el país desde el 28 de abril de 2021 (28A) ha despertado emociones e incluso ha dividido el país entre el amor y el odio, entre el miedo y la esperanza de un mejor futuro.
La llegada de la pandemia en 2020 aparentó apaciguar el hervidero social, pero con el paso de los meses lo que en realidad hizo fue acentuar los problemas de fondo hasta desembocar en la crisis actual que vive el país, una crisis que aparenta ser un ‘problema’ temporal, pero que en realidad parece un síntoma de algo más profundo, como lo han dicho analistas y escritores.
El anuncio de que la reforma tributaria presentada ante el Congreso el 15 de abril de 2021 estaba cerca de pasar de proyecto a ley movilizó a millones de colombianos en todo el país en unas protestas que tal vez superan las vividas en el año 2019. Con el proyecto de la reforma tributaria el Estado aspiraba recaudar cerca de $6.800 millones de dólares que serían destinados a aminorar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia del Covid 19.
Sin embargo, la propuesta fue polémica desde el inicio debido a la fuente de la que se pretendían sacar esos ingresos, ‘la parte media y baja de la pirámide social’ en lugar de la más alta. De haberse implementado esos cambios se ampliaría la
cantidad de personas que pagarían impuestos sobre la renta e incluso incluiría no solo a los trabajadores que ganan dos salarios mínimos y medio, sino que también golpearía a quienes tienen ingresos por debajo de las cifras del salario mínimo sean trabajadores formales o no, en este sentido la reforma no tendría excepción con las características de las personas mencionadas anteriormente, lo que implicaría el aumento del IVA hasta el 19% de varios productos de la canasta familiar que actualmente están exentos o que tienen un IVA del 5%.
Esta medida incluso quería expandir su panorama a la gasolina en general y algunos servicios como luz y gas, sin embargo, esto dependía del estrato social. Aunque el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla basó sus argumentos en que la reforma aumentaría el aporte de los que más tienen en realidad, los estudios demuestran que los más afectados serían aquellos colombianos que ‘tienen más dentro de los colombianos que menos tienen’, es decir que los estratos sociales más privilegiados de la sociedad colombiana como lo son los de clase media y alta no asalariada, no se verían afectados ni mucho menos se inmutarían por los cambios del proyecto.
De ahí que se dijo que: “Esta reforma no solo pretendía empobrecer más a los que ya lo están, sino que también buscaba enriquecer más a quienes les sobra”.
A toda esta situación se sumó el descontento acumulado por otros motivos, como la búsqueda de justicia ante el sistemático asesinato de líderes sociales evidenciado en las distintas regiones de Colombia, la aprobación del uso de glifosato para erradicar cultivos de coca, y el derecho de buena parte de la sociedad a alzar la voz y ejercer su derecho constitucional a la protesta social como rechazo de la pésima administración del gasto público y a los pobres resultados para atender la pandemia, en medio de la cual se conocieron algunos gastos estatales.
Un ejemplo de lo mencionado anteriormente demostró que buena parte de los colombianos no consideran como prioritario, en el marco de una pandemia, la adquisición de vehículos oficiales e incluso la posible compra de nuevos aviones de combate por un monto que cubriría casi el 60% de lo que se pretendía recaudar con la reforma tributaria. Sumado a esto se conocieron cifras según las cuales, la pobreza en Colombia aumentó casi siete puntos durante el año 2020 hasta llegar a 21 millones de colombianos. En este orden de ideas los colombianos también reclaman el evidente retraso respecto a la vacunación que ha estado bastante rezagada en comparación con otros países.
Con relación a lo anterior, las cifras consignadas y expuestas por Our World in Data, un portal que registra diversos datos de investigación expone la cantidad de personas vacunadas por cada 100 habitantes hasta el 7 de febrero de 2021:
Chile contaba con un registro de 3,23 mientras que Brasil ya estaba vacunando 1,67 ciudadanos. Otros países como Costa Rica (1,13) y Argentina (1,11), también avanzaban en la aplicación de las dosis contra la Covid-19 y están por encima de la media de América Latina que tiene 1,04 vacunados por cada 100 habitantes. Así pues en los registros de Our World in Data para el 7 de febrero de 2021, no figuraba Perú, Venezuela, Guatemala, Paraguay, ni tampoco Colombia.
Para el 8 de junio de 2021 y según el Ministerio de Salud, en Colombia se han aplicado 244.282 dosis de vacunas contra la Covid-19, de estas dosis aplicadas en la última jornada, 63.894 corresponden a segundas dosis.
Ilustración y composición realizada por Aguante
con archivo fotográfico extraído de: Santiago Botero (@dkobotero)
En segunda instancia los manifestantes se propusieron hundir el proyecto de Ley 010 de Reforma a la Salud, la cual pretendía, entre otros aspectos, que el usuario tuviera el deber de autocuidado, es decir, si la EPS argumentaba que la persona no se había cuidado, el usuario debería pagar por su atención; se establecería un nuevo modelo similar al de los Estados Unidos en donde además de pagar la EPS, los usuarios del sistema tendrían que pagar pólizas adicionales por patología, en este sentido si no se contaba con la póliza el personal médico no podía atender al paciente; por último se acabaría el Instituto Cancerológico, esto como justificación para cederle el negocio a la Clínica Oncológica de Sarmiento Angulo, es importante mencionar que el Instituto Cancerológico en la actualidad atiende a quien no tiene recursos.
Aunque la ‘realidad’ de las reformas se retiraron de manera temporal y el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla renunció, las movilizaciones siguieron, ¿por qué los manifestantes marchan si se ‘logró lo que se quería’?, ¿será que continúan pendientes las deudas del 21N del año 2020?
El paro nacional convocado por las centrales unitarias de trabajadores, gremios, sindicales y ciudadanía en general para el 28 de abril de 2021, conocido como 28 A, invitaron a que no solo las ciudades de Colombia vivieran marchas y protestas multitudinarias, sino que también las localidades menores y zonas rurales se unieran a este evento de gran magnitud. Sin duda alguna, la movilización social continúa (las marchas y protestas marcadas por acciones como bloqueos de vías, excesos en el uso de la fuerza, muertes, desapariciones, denuncias de lesiones y agresiones sexuales contra los manifestantes duraron más de un mes, al cierre de este trabajo de investigación, la situación en el país era de máxima tensión), porque es una ‘explosión’ del descontento acumulado por más de 30 años de aplicación del mismo modelo económico neoliberal que incluye libre comercio, privatizaciones y el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, aumento desproporcional de la pobreza, es por ello que la población de Colombia buscó garantías para el derecho a la protesta pacífica, la exigencia de que no se siga recortando los derechos a los trabajadores y al pueblo en general y que se implemente una renta básica que permita que millones de familias tengan unas condiciones de vida digna y de bienestar, al menos por un corto tiempo.
Composición fotográfica extraída de: EL ESPECTADOR
Como si se repitiera el escenario de hace dos años, cuando en el 2019 las protestas sociales se caracterizaban en el mundo entero y amenazaban con continuar en el 2020, se agudizó aún más la crisis institucional en los diferentes países, especialmente en hechos conocidos como la ‘Primavera latinoamericana’. En este orden de ideas, la presión en la ciudadanía no descendió, pese al ‘esfuerzo’ que hicieron los medios públicos de comunicación que invirtieron en el gasto en imagen y alocución diaria por televisión para no generar ‘pánico’ a la audiencia. Por el contrario, el efecto que tuvo el Estado frente a la ciudadanía fue, según algunos analistas como Omar Rincón, cansarlos, ya que estos evidenciaban diariamente el incumplimiento de promesas del gobierno, los servicios públicos se volvían más caros, se veía el fracaso en la economía y en el Ingreso Solidario para la elite de Familias en Acción. A todo esto se le sumó el encierro, desempleo, mayor pobreza y quiebra de comerciantes del rebusque y los formales.
En este sentido, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), dio a conocer los resultados del estado de la economía colombiana, la cual se contrajo en 6,8% en 2020. Entre las ramas de actividad económica que cerraron el 2020 con ‘comportamientos positivos’ fueron: el sector agropecuario 2,8%, actividades financieras y de seguros 2,1%, actividades inmobiliarias 1,9% y administración pública 1%. Por otro lado, las actividades que más contribuyeron a la contracción fueron la de alojamiento, servicios de comida, comercio y transporte con un porcentaje de -15,1, construcción 27,7% y explotación de minas y canteras -15,7% , que si se suman aportan -5,8 puntos porcentuales dentro del resultado general. Con respecto a ello la cifra de contracción está en línea con las expectativas de los gremios que esperaban que la caída sería de un 7%, así como las expectativas del Banco de la República -7,2% y Fedesarrollo -7%.
En cuanto a los resultados trimestrales, según las cifras dadas por el Dane:
“La economía colombiana se contrajo 3,6% en el último trimestre de 2020, lo que representa una recuperación de 12,2 puntos porcentuales frente al resultado del segundo trimestre del año, 15,8%”, afirmó la institución.
Con semejante panorama el cansancio de los colombianos era evidente y la población resolvió por encima de sus miedos, de cualquier mandato o ley e incluso del Covid 19, salir a las calles nuevamente para continuar lo que había quedado pendiente el 21N del año 2019.
Ante esta situación el expresidente Álvaro Uribe Vélez se sumó a esta afirmación con un trino que fue ocultado por Twitter, tras recibir miles de denuncias que apuntaban a que promovía el uso de armas de fuego contra los manifestantes.
Composición fotográfica extraída de: ENTER.com
Cerosetenta, portal de noticias independiente, durante los 31 días de agitación reportó al menos 36 personas muertas en todo el país en choques con la Policía Nacional y el Esmad durante las protestas contra el gobierno del presidente Iván Duque Márquez, sin embargo cifras de organización como Indepaz dan cuenta de 47 fallecidos. En este sentido se ha observado como la fuerza policial se ha desbordado en la represión y la violencia en medio de este marco del paro nacional de Colombia.
Otros reportes varían. La Defensoría del Pueblo habla de 10 fallecidos solamente en la ciudad de Cali, mientras que el Ministro de Defensa, Diego Molano, contra quien se desarrolló una moción de censura en Senado y Cámara, admitió cuatro homicidios. Sin embargo, algunos grupos locales de derechos humanos elevan la cifra a 14.
Al respecto el corresponsal de la agencia de noticias Sputnik en Colombia Alfredo Molano Jimeno dijo a En Órbita programa de televisión de Señal Colombia que:
"Lo que se vivió en las calles de Bogotá, Cali y otras grandes ciudades es un paro de grandes proporciones. Hay un rechazo ciudadano muy sentido a la reforma tributaria".
Este mapa de violencia policial se hizo con material tomado de fuentes abiertas confiables que se ha podido verificar y geolocalizar con análisis. Por ende, la presente cartografía, pretende ser otro punto de apoyo para la visibilización de las 71 víctimas mortales (aproximadamente) entre el 28 abril hasta el 31 de mayo de 2021, en el marco del paro nacional en Colombia.
Según Temblores ONG, una organización que busca:
“Activar y movilizar procesos comunitarios de transformación social que pongan a tambalear a las estructuras hegemónicas que garantizan el mantenimiento de la exclusión, la violencia, la discriminación y la negación sistemática de los derechos de las comunidades y poblaciones que han sido históricamente marginadas e ignoradas por el Estado".(Descripción tomada de la página de Temblores ONG)
Esta organización de Colombia que rastrea los casos de presunto abuso policial determina que ha habido más de 1800 casos de violencia policial desde que comenzaron las marchas del 28 de abril de 2021 hasta el 10 de mayo de 2021, junto con numeros casos de policías que lanzan gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes. Los datos de esta ONG se basan en una compilación de reporte de medios y Open Society Foundations con base en Estados Unidos es uno de los encargados de brindar apoyo económico a Temblores ONG.
La agitación también la vivió el país por cuenta de la información, real o falsa, que circuló en las redes sociales. Imágenes de la gran violencia que se ha dado en las distintas jornadas de protesta se movió en todos los sentidos. Sin embargo, dos de las organizaciones reconocidas por su seriedad en los datos que han centralizado, Temblores e Indepaz, respecto a la violencia policial afirman que en todo el país:
“Entre el 28 de abril y el 9 de mayo, ocurrieron 1876 casos de violencia. Estos incluyen 39 personas asesinadas, 12 violaciones sexuales, 28 víctimas de heridas en los ojos y 963 retenciones. Según El Espectador, para el 6 de mayo había un registro de 379 personas desaparecidas”.
Es evidente que este accionar constituye un ejemplo más de la larga historia de la violencia que se ha vivido en Colombia, lo trágico de toda esta situación es que esta violencia ha sido estructural y consustancial al quehacer estatal. Pese a que el acontecer del 21N del 2019 de cierta manera se repite, las redes sociales y las agresiones físicas y psicológicas se vuelto más evidentes en las protestas del 28A del 2021 como se ha podido evidenciar no solo con el rol importante de las nuevas tecnologías de comunicación, sino que también las conductas de la fuerza pública se han hecho cada vez más ‘transparentes’ y menos resguardas por la opacidad, lo que ha llevado a determinar que la institución hace uso del abuso de poder.
En este sentido de manera general se relatará un poco sobre lo ocurrido en las ciudades más afectadas por la violencia policial y el abuso de poder del Esmad, como lo son Bogotá, Cali y Pereira.
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