Ilustración y composición realizada por Aguante
AGUANTE
30.04.2021
Existen algunas situaciones muy difíciles de ocultar, entre ellas, la violenta historia detrás de Colombia que se esconde a simple vista, pues los ciudadanos se dejaron cegar por la costumbre y se vendaron los ojos ante la injusticia para así evitar el dolor. En momentos de lucidez los colombianos se reúnen a marchar para luchar por un mejor país, historia que se repite con tanta frecuencia y que ahora solo causa resignación. De hecho, según los resultados de una encuesta realizada por el portal redradiove.com a 20 mil personas alrededor del mundo, Colombia ocupa el primer lugar en la lista de los países más corruptos.
Esta es la percepción de países industrializados. El periódico El Espectador, afirmó que Colombia es el país más desigual de América Latina, pues según el DANE el 42.5% de los colombianos son pobres, es decir, personas que viven con menos de $330.000 pesos mensuales, lo que representa una cuarta parte del salario mínimo al 2021.
Por tanto a esta problemática social se le atribuyen importantes movilizaciones que marcaron la historia del país como el paro estudiantil (2011), paro agrario (2013), paro nacional #21N (2019) y paro nacional #28A.
Las desigualdades económicas para los colombiano hoy representan un problema de estructura, distribución de la riqueza, inequidad y aumento de lapobreza monetaria, que desencadenó las movilizaciones marcadas por la opresión mencionadas anteriormente. Algunos valientes tomaban banderas y forjaban en cada rincón del país un símbolo de resiliencia, no obstante, poco a poco la facilidad con la que lograban ser escuchados se deterioró, pues a partir del 24 de febrero de 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, se publicó la Directiva Transitoria No. 0205 del 24 de febrero de 1999, que le otorgó a un Escuadrón Móvil Antidisturbios la responsabilidad de brindar apoyo a las fuerzas regulares ante disturbios ciudadanos que solventaran la coyuntura social 'temporalmente'.
Según la resolución, esta dependencia de la Policía Nacional tendría la capacidad de detener las perturbaciones de orden público originadas por estudiantes, trabajadores, habitantes de comunas, campesinos, desplazados, entre otros. En sus inicios estaba compuesto por nueve oficiales, ocho suboficiales y 200 patrulleros, sin embargo, 22 años después, el Esmad cuenta con 3876 agentes ubicados en 18 de los 32 departamentos de Colombia. El Esmad tomó fuerza en marco de las protestas sociales y el descontento de la ciudadanía ante esta fuerza pública aumentó durante la crisis sanitaria por Covid-19, cuando el Gobierno decidió invertir 14 mil millones de pesos para municiones entre marzo y abril del 2021, así lo informó el medio de comunicación independiente La Oreja Roja.
Según la Resolución N. º 03002 del 29 de junio de 2014 promulgada por la Procuraduría General de la Nación, se considera que la intervención del grupo especializado antidisturbios será la última opción para restablecer las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana, ya que se deben agotar todas las instancias de diálogo y mediación con los gestores de convivencia y/o Ministerio Público antes de la intervención. Irónicamente, desde la creación de esta fuerza los disturbios se tornaron más violentos y al 2019, el Esmad dejó a su paso 34 víctimas fatales, todas heridas durante su intervención al 'orden y seguridad ciudadana', de las cuales cinco fueron jóvenes estudiantes de la capital del país, según reporte de Temblores ONG.
El paro nacional #21N trascendió a la historia del país como el día en que el exceso de fuerza por parte
del Escuadrón Móvil Antidisturbios acabó con la vida
del estudiante Dilan Mauricio Cruz, según un informe de Temblores ONG, se expone que el joven recibió un disparo en la cabeza de un proyectil de perdigones de plomo a través de una escopeta calibre 12, lo que en la página oficial de la Policía Nacional se califica como arma 'no letal'. El estudiante falleció el 26 de noviembre del 2019, dos días antes de recibir su diploma como bachiller en el colegio Ricaurte de la ciudad de Bogotá.
Transcurrida una semana del homicidio de Dilan Cruz, el actual Presidente de la República, Iván Duque Márquez, agradeció personalmente las labores desarrolladas por el Esmad en el marco de la protesta, pues según su criterio los patrulleros: “Garantizaron la seguridad en defensa de la democracia y las instituciones del país” e igualmente añadió que el trabajo del Escuadrón Móvil Antidisturbios: “Es un motivo de orgullo y tranquilidad para nuestra sociedad”. Su discurso fue motivo de indignación para la opinión pública, pues se describió como una gran ofensa a las víctimas del abuso de poder por parte de los agentes estatales.
Las palabras del presidente fueron cuestionadas por los medios de comunicación, pues si él refiere que: “Los policías en Colombia no se levantaron a nada distinto que proteger a los colombianos”, entonces, ¿Qué protección se le ofreció a las víctimas del abuso de fuerza desmedido por parte de las autoridades? La respuesta a esta cuestión hace referencia al Estatuto de Seguridad, donde se indica que este Escuadrón: "Está en la obligación de salvaguardar los intereses de la mayoría y para esto es legítimo emplear la fuerza", esta afirmación desató controversia en las familias de las víctimas, como Yuri Neira, el padre del difunto Nicolás Neira, que se pregunta por la necesidad de esta fuerza pública.
Este es el criterio de Alejandra Garzón, abogada en derechos humanos encargada del caso del estudiante Nicolás David Neira, que cuestiona los abusos de la fuerza pública durante el desarrollo de las protestas sociales en Colombia, de igual manera, el 13 de mayo del 2021 durante el paro nacional #28A, el senador y defensor de los derechos humanos Iván Cepeda Castro, denunció ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad al presidente Iván Duque Márquez. En la denuncia Cepeda afirma que: "Entre el 28 de abril a la fecha, existen 1.595 hechos en los que hay graves violaciones a los derechos humanos como asesinatos, tentativa de asesinatos, tortura, violaciones sexuales y retenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública".
En medio de la coyuntura social y las posiciones de diferentes políticos del país, es preciso citar un polémico tweet realizado por el expresidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), donde afirmó que se debía apoyar: “el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad”, luego de ser difundido a través de diferentes medios de comunicación masivos, la red social Twitter realizó una publicación para informar que: "Tomando en cuenta la situación actual en Colombia, hemos accionado ese tweet por violación a las reglas de Twitter", donde se establece que cualquier trino que glorifique la violencia será eliminado.
De igual manera, el expresidente de Colombia, Cesar
Augusto Gaviria Trujillo (1990-1994), expresó libremente su preocupación ante la situación del país y en sus redes sociales planteó la posibilidad de adelantar un proyecto de ley para reformar la Policía Nacional, tras las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco de protesta social en el país y afirmó que: "Lo que tenemos que hacer es reformar la Policía para que se comporten, haciendo respetar las leyes. No es una tarea menos y hay que asumirla con toda la seriedad".
La polémica que se desató en el país y la manifestación de importantes figuras políticas a nivel internacional llamó la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de tal manera que se solicitó una visita de trabajo a Colombia para observar en terreno la situación de los derechos humanos entorno a las protestas sociales. El medio de comunicación independiente Ultimahoracol informó que la visita se planteó tras recibir diversas denuncias de presunto uso excesivo de la fuerza realizadas por parte de distintos representantes de la sociedad civil, movimientos sociales, estudiantiles, académicos juristas, representantes políticos que reclaman la garantía de los derechos humanos.
La lucha incansable de los familiares de las víctimas del abuso de poder, las asociaciones defensoras de derechos humanos y ONG del país, parecen tomar fuerza en Colombia durante los últimos años. La idea de verdad y justicia no es un proceso lejano, es algo que ha quedado en tela de juicio, es por ello que la posibilidad de una fuerza pública transparente, responsable de la seguridad ciudadana y garante derechos humanos, es igual de importante que la memoria de aquellos colombianos que perdieron la vida en el marco de protesta social del país. Ahora hacen parte de la historia y se convierten en un símbolo de resistencia y AGUANTE para muchos colombianos.
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