Ilustración y composición realizada por Aguante con archivo fotográfico extraído de: Enterate24.com
AGUANTE
05.06.2021
PALACIO DE JUSTICIA. BOGOTÁ-COLOMBIA Composición realizada por Aguante con archivo fotográfico extraído de: Dejusticia
La importancia de tener todos los hechos y versiones detrás de la coyuntura social que se presenta actualmente en Colombia, es indispensable para realizar un trabajo periodístico de calidad. En consecuencia, este reportaje consta del ejercicio de recolección de información y datos por parte de las entidades oficiales encargadas de responder públicamente por los casos anteriormente planteados de abuso de poder del Escuadrón Móvil Antidisturbios durante las protestas sociales.
Es importante mencionar que durante el proceso investigativo de esta plataforma multimedia se solicitó en diferentes ocasiones información sobre las investigaciones en curso de los estudiantes víctimas del abuso de poder de la fuerza pública de los que Aguante da cuenta, esto a través de entidades tales como: Policía Nacional, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación y Línea Ciudadana.
El proyecto no recibió respuesta alguna, pese a que se realizaron tres derechos de petición (2019-2021), de los cuales solo se recibió información por parte de la Policía Nacional que se expondrá más adelante.
Cabe resaltar la participación de Alejandro Rodríguez, encargado del área del observatorio de violencia policial de Temblores ONG y Alejandra Garzón, abogada del caso del estudiante Nicolás David Neira, quienes buscaron la forma de responder, a través de llamadas telefónicas y proporcionar a Aguante información oficial de los entes públicos sobre su opinión en cuanto al exceso de fuerza en los casos anteriormente mencionados.
En el documento oficial que Aguante recibió como respuesta al tercer derecho de petición a la Policía Nacional, se expone que el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en respuesta a las denuncias presentadas durante el paro nacional 28A sobre la violación de las entidades públicas a los legítimos derechos humanos de la población civil de Colombia, sostuvo que hubo una serie de reuniones con miembros de la Comunidad Internacional, a quienes les presentó un informe de las acciones investigativas y judiciales desarrolladas por la entidad para precaver la impunidad de los casos y en respuesta a las entidades internacionales que reclaman garantías por parte del Estado Colombiano frente a los derechos constitucionales de los colombianos.
Ilustración y composición realizada por Aguante con archivo fotográfico extraído de: La Regional.net
El fiscal Barbosa expuso en una rueda de prensa ante los medios de comunicación que cualquier situación de violencia policial debe ser y es investigada por la Fiscalía General de la Nación, además, afirmó que la Fiscalía reconoce la existencia plena del derecho a la protesta social. Sin embargo, cumple su competencia constitucional, así como las obligaciones internacionales en el marco del Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Además, afirmó que para obtener avances y resultados contundentes, se destacaron fiscales con dedicación exclusiva para las investigaciones priorizadas como los 15 homicidios en los que se determinó que tienen relación directa con las protestas, entre ellos, el de Lucas Villa, en Pereira (Risaralda) y los 7 casos registrados en Cali (Valle del Cauca), en uno de los cuales se logró la judicialización de un patrullero por la muerte de un menor de edad.
Archivo extraído de Youtube: La Fiscalía General de la Nación (19/05/2021)
Archivo extraído de Youtube: La Fiscalía General de la Nación
Héctor Schamís, delegado del Secretario General de la OEA (19/05/2021)
Esta es la declaración presentada por Héctor Schamís, delegado del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde da cuenta de la labor de la Fiscalía General de la Nación y afirma que se realizaron conversaciones no únicamente con entes gubernamentales, sino también con grupos de oposición de la sociedad civil, alentado por el gobierno colombiano a dialogar con todas las partes. Adicionalmente, se puso en conocimiento a la Comunidad Internacional, las actividades desplegadas en cuanto al abordaje de los reportes de personas desaparecidas y la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) en el marco de las manifestaciones, con las cuales se ha logrado localizar a 261 personas.
Entre otras declaraciones, el general Fernando Murillo, director de la Dijin, aseguró que la institución adelantó 150 investigaciones disciplinarias por exceso de fuerza de varios uniformados en el marco de las manifestaciones del paro nacional del 28 de abril del 2021, y en una entrevista para RCN Radio, el oficial aseguró que en conjunto con la Fiscalía General de la Nación se hace seguimiento a diez casos de policías, entre oficiales, comandantes y patrulleros que deberán responder ante la Justicia Penal Militar por sus acciones en medio de las protestas.
Según el informe presentado por el fiscal Barbosa, también se reunió con la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero; y finalmente con los embajadores de la Unión Europea, España, Ecuador, Italia, Alemania y Países Bajos, entre otros, donde se expuso el balance de los diferentes delitos que se investigan. Sin embargo, manifiesta que los ataques que se presentan durante las movilizaciones sociales dificultan considerablemente la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las funciones misionales de la entidad en la garantía de los derechos humanos.
“Si la Fiscalía no puede investigar, ¿qué garantía tiene la protesta social? Al atacar las instalaciones de la Fiscalía y destruir material probatorio se atenta contra derechos humanos porque impide el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia”. - Fiscal Francisco Barbosa.
En este sentido, la Fiscalía General de la Nación establece que los ciudadanos a través de estos actos ponen en peligro los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, inherentes al avance de las investigaciones penales y que a pesar de las adversidades se pretende que la Comunidad Internacional pueda constatar el trabajo de la Fiscalía como parte de la rama jurisdiccional del poder público.
Por otro lado, la abogada y defensora de derechos humanos, Alejandra Garzón, afirmó que el Escuadrón Móvil Antidisturbios: “No tiene ninguna posibilidad de garantizar los derechos de la manifestación pública, pues en el historial de su funcionamiento siempre dejan una víctima y un sinfín de número de consecuencias que atentan contra los estándares internacionales de derechos humanos, entonces el debate político también se centra en que de repente es el mismo Estado a través de sus agentes el que vulnera los derechos y cuando esto sucede, la búsqueda de justicia y verdad se debe hacer ante la Fiscalía, órgano que pertenece al mismo Estado, entonces vemos una contradicción”.
El 12 de mayo del 2021, el director y mayor General de la Policía Nacional Jorge Luis Vargas, declara en una entrevista para CNN Noticias que los colombianos gozan de su derecho a manifestar y la Policía Nacional expone la vida por defender la democracia del país, pues este ente gubernamental acompaña por décadas la protesta social y afirma que cualquier acto en contra de la misma por un miembro de la fuerza pública tiene que ser castigado ejemplarmente y ser llevado a la justicia, pues el país cuenta con una policía transparente y responsable.
Archivo extraído de Youtube: Noticias Caracol
Entre otras declaraciones, el 2 de marzo del 2006 el General de la Policía Nacional, Luis Alberto Gómez, se pronunció frente a la muerte del estudiante Óscar Leandro Salas, cuando un exagente del Esmad declaró ante la Procuraduría General de la Nación que el joven falleció tras el impacto de una bola de cristal lanzada por la policía durante las manifestaciones del 10 de marzo del 2006 en la entrada principal de la Universidad Nacional. En una entrevista para el Canal Uno, el General expresó que: “La Policía Nacional jamás dispara esta clase de elementos”, pese al testimonio del exagente.
Esta no fue la primera ocasión en la que las declaraciones de los policías implicados no coincidieron con la versión expuesta por los testigos, pues otro ejemplo de ello es la muerte del estudiante Dilan Mauricio Cruz, quien recibió en su cabeza el disparo de una escopeta calibre 12 accionada por el capitán Manuel Cubillos Rodríguez, acusado ante la justicia Penal Militar por la muerte de este estudiante durante las movilizaciones del 21 de noviembre de 2019 y quien manifestó en una entrevista para el programa Los Informantes del Canal Caracol que:
El periodista de la red Independiente Noticias UNO, Ignacio Gómez, afirmó que esta versión: “No coincide con lo que muestran las imágenes, pues no hay registro del intenso ataque que él dice haber respondido”, asimismo, durante una transmisión del 15 de diciembre del 2019 en el noticiero del mediodía, el periodista expuso la declaración del capitán Manuel Cubillos, frente a los videos recopilados por los manifestantes del momento en el que se disparó el arma.
Archivo extraído de Youtube: Noticias Uno Colombia
Según la investigación realizada por Alejandro Rodríguez, encargado del área del observatorio de violencia policial de Temblores ONG, Dilan Cruz fue asesinado por una recalzada industrializada y a través de un derecho de petición a la Procuraduría General de la Nación, Temblores solicitó suspender el uso de las escopetas Calibre 12 sin recibir respuesta alguna, Alejandro manifestó que: “El Estado no reconoce estos hechos de violencia policial, aún sabiendo que sí ocurrieron, lo que es tan fuerte para las víctimas al punto de enloquecer al saber que el Estado que se supone nos rige a todos, no lo reconoce”.
En una entrevista para Blu Radio el 5 de mayo del 2021, el presidente Iván Duque se pronunció ante las acusaciones que se viralizan mediáticamente sobre el exceso de fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios y las diferentes violaciones de Derechos Humanos, el Jefe de Estado argumentó que existe riesgo e intención de ‘los que propician los hechos’ para que se presente una situación fatal usada para atacar y estigmatizar a la fuerza pública y que por tal motivo, existe tanta precaución y exigencia en los protocolos del Escuadrón Móvil Antidisturbios y la Policía Nacional para evitar ‘caer en esas situaciones’.
Archivo extraído de Youtube: Noticias Caracol
Al dar un salto en el tiempo, el 5 de diciembre del 2019, a diez días de la muerte del estudiante Dilan Mauricio Cruz, la emisora Alerta preguntó durante una entrevista al presidente Iván Duque la posibilidad del desmonte del Esmad, pues esta fue una de las peticiones de los líderes del paro nacional, conversación sobre la cual no se llegó a un acuerdo respecto a este punto en la época, no obstante el presidente precisó que en defensa del Esmad y las demás instituciones que protegen a los colombianos se debe respetar a las autoridades competentes.
“Es que los policías no se levantan a nada distinto que proteger a los colombianos, proteger la vida, la honra, los bienes, los derechos y la libertad. A eso se levantan, son personas de carne y hueso llenas de motivación que dejaron a un lado el camino de las vanidades para escoger el servicio a la comunidad, entonces salir a decir que el Esmad es un cuerpo asesino, no es solamente un atropello, sino una exageración, ¿El Esmad acaso es exclusivo de Colombia? ¡Lo tienen más de 100 países en todo el mundo justamente para poder atender los disturbios con profesionalismo, con técnicas, con táctica, con estrategia, que no tengan desenlaces fatales en la medida de lo posible”.
A esta declaración, el mandatario añadió que antes de la existencia del Escuadrón Antidisturbios, eran soldados con armas convencionales los que hacían presencia en las movilizaciones sociales y estos no estaban preparados para enfrentar turbas enardecidas, lo que 'terminaba muy mal para ambas partes'. Para el 23 de noviembre del 2019, en el marco de protesta social del paro nacional #21N y la muerte del estudiante Dilan Cruz, Noticias Uno preguntó al Comandante de la Policía Nacional, Óscar Atehortúa, sobre los ataques a ciudadanos indefensos, a lo que el General respondió:
Entre otras declaraciones, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, fue el foco de los medios de comunicación durante el paro nacional que inició el 21 de noviembre del 2019, pues se viralizó la imagen captada por Héctor Zamora, fotógrafo del periódico El tiempo, donde un agente del Esmad fue captado dando una patada a una mujer en el rostro.
A la imágen, Álvaro Uribe responde a través de su Twitter que: “La patada es legítima. Reflexionen, la vida tiene consecuencias”. Al otro lado de la historia, en un video que se toma durante el suceso, el mandatario asegura que: “Ella le pega al Esmad, pensando que no le pasaría nada…”. Tal video y declaración no se encuentran disponibles en las redes sociales por políticas de Twitter, sin embargo, en la página web de Publimetro, periódico internacional, se esclarece la información. Entre otras figuras políticas reconocidas, el exministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, también se pronunció a favor de las entidades públicas al declarar en una entrevista con la revista Semana que: "La fuerza pública no mata jóvenes, la fuerza pública defiende a los colombianos y crea condiciones de seguridad".
Según el periódico internacional Publimetro, en el Congreso de la República los senadores y representantes miembros de partidos de la oposición acusaron a Diego Molano de ser el 'responsable político' de la violencia policial que se presenta durante las manifestaciones sociales. Molano, defiende la institucionalidad y labor de la Policía y el Ejército Nacional a favor del orden público. Los 18 congresistas aseguraron tener pruebas de las acciones cometidas por la fuerza pública, ante esto convocaron una moción de censura que buscó responsabilizar al ministro de estos actos, la cual se negó el 27 de mayo del 2021, pues la mayoría de los representantes votaron en contra de la misma.
Entre los argumentos presentados por el ministro, este aseguró que los actos violentos que cometen los vándalos deben ser combatidos por el Esmad y que: “Quien afecta las manifestaciones son los violentos y no el Escuadrón Antidisturbios”. Además, invitó a los congresistas presentes a hablar con un policía de esta fuerza pública para dar cuenta de que 'ellos son unos héroes'. Aseguró que 105 países del mundo cuentan con una fuerza policial como esta y que Colombia es una de las más reconocidas y reguladas con un entrenamiento formado en la preservación de los derechos humanos, por lo que es irónico que: “Los tilden como si estuvieran en contra de la sociedad cuando buscan garantizar la manifestación pacífica.”
Composición realizada por Aguante con archivo fotográfico extraído de: Caracol Radio
En cambio, el abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, David Cruz, señaló que las reglamentaciones que configuran en el marco operacional de esta fuerza pública posibilitan la brutalidad policial durante las protestas sociales, específicamente el Decreto 003 de 2021, que establece pautas generales sobre el uso de armas de letalidad reducida y la atención en manifestaciones que según el abogado: “Resulta ser una grave actitud de invisibilización de los hechos de violencia evidenciados por la Corte Suprema de Justicia, que dan cuenta de una intervención sistemática, arbitraria y violenta de la fuerza pública sobre la manifestación pública y pacífica, lo que posibilitó la brutalidad policial durante el paro nacional de 2019”.
En consecuencia a lo anterior, en el transcurso de la investigación se dificultó la respuesta de declaraciones y entrevistas por parte de las entidades y figuras públicas del Estado a las investigadoras detrás de la plataforma multimedia ‘Aguante’. Por tanto, este reportaje se basó en la recolección de información a través de medios de comunicación oficiales y comunicados de la página web de la Fiscalía General de la Nación, motivo por el cual se anexan los correos y derechos de petición enviados a la Policía Nacional, Fiscalía General, Procuraduría General y Ministerio de Defensa del año 2019 a la fecha (1 de junio 2021).
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